SUSPENSIÓN CAUTELAR DE ACTIVIDAD EN "NUEVA JULIA"
El AUTO dictado el 18 de enero de 2012 por el Magistrado Juez de Jdo. Contencioso Administrativo nº 1 de León decidiendo como medida cautelar la suspensión de actividad en la explotación a cielo abierto de Nueva Julia (Cabrillanes de Babia), en epígrafe 4 recoge lo siguiente:
A lo anterior cabe añadir, respecto a los intereses sociales y económicos alegados por la empresa codemandada, que no se acredita suficientemente que la adopción de la medida cautelar interesada comporte su irreparabilidad como la que predica, lo cual exigiría la aportación de datos objetivos relativos al grupo empresarial que, como se deriva de las alegaciones expuestas, es titular –o está en vías de serlo- de otras autorizaciones y licencias para realizar esa labor extractiva en diversas explotaciones de esta provincia y cercanas a la que nos incumbe. Por otro lado, la suspensión de la actividad no conllevaría necesariamente una situación permanente de futuro, puesto que lo que se invoca es la concurrencia de deficiencias en la tramitación previa a la Declaración de Impacto Ambiental y a la posterior autorización de explotación y el Estudio de Impacto Ambiental que ahora se impugna, dado que en último caso podría retrotraerse el proceso al momento de comisión de las infracciones para poder realizar las correspondientes subsanaciones al efecto de obtener de nuevo las autorizaciones y licencias correspondientes.
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Las empresas mineras Coto Minero Cantábrico, S.A. y Unión Minera del Norte, S.A. reciben más de 140 millones de euros anuales de ayudas al funcionamiento. Más del 80% de su producción proviene de explotaciones a cielo abierto que no generan pérdidas, por lo que en el conjunto de la actividad minera las ayudas son superiores a los resultados negativos
El procedimiento del fraude es el siguiente: las cuentas de estas empresas se cuadran cada año de manera que las ayudas sean igual que las pérdidas, para cumplir las condiciones impuestas por la legislación comunitaria y nacional al respecto y poder recibir subvenciones. Para ello, el conjunto de empresas auxiliares propiedad del mismo accionista, como NORFESA, PATRASA y OBRICOSA, que proporcionan servicios y suministros a las dos principales generan facturas por las cantidades suficientes, al margen de cuales hayan sido las reales. Adicionalmente, las empresas mineras adquieren maquinaria cuyo uso es común en obra pública y minería como retroexcavadoras, dúmperes, bulldozers, camiones, niveladoras, cargadoras o equipos de avance de túneles, que contablemente están en sus inmovilizados y físicamente están trabajando en las empresas de obra pública y servicios propiedad del mismo accionista como FERPI, S.A. y Peninsular de Contratas, S.A., de manera que la amortización de esas máquinas se vuelve a contabilizar como coste de explotación de la empresa minera para justificar las subvenciones recibidas.
La Administración Central, responsable del pago de ayudas, no comprueba la verdadera existencia en las minas de las máquinas que las empresas mineras adquirieron y cuya amortización subvencionan, porque no tiene competencias en materia de operación minera. Tampoco comprueba las unidades de obra o los precios unitarios de los servicios y suministros facturados por las empresas del mismo accionista, es suficiente con que una empresa de auditoría certifique que los apuntes contables están bien hechos, para que esos costes sean susceptibles de ser subvencionados. Las Administraciones Autonómicas, competentes en materia de operación minera, no lo son en materia de ayudas al funcionamiento, por lo que no analizan si los costes de producción son reales o si los equipos que la empresa minera está amortizando están efectivamente en operación minera.
La mitad de los ingresos de las empresas mineras proviene de la venta de carbón a las centrales térmicas. En 2005 estas empresas vendieron a 48 €/t. En 2007, debido a la subida del carbón internacional los 4 millones de toneladas suministrados a centrales fueron vendidos a 88 €/t. Aunque los ingresos aumentaron casi al doble por este concepto, se aumentaron fraudulentamente al doble los costes de explotación y se recibieron las mismas ayudas que cuando se ingresaba la mitad por la venta del carbón.
El accionista común de las empresas mineras, de obra pública y de servicios y suministros a la minería documenta de esa forma pérdidas en las empresas mineras y aplica las ayudas a fines para los que no fueron otorgadas. El importe total del fraude supera la cantidad de 100 millones de euros anuales.
Enlaces relacionados
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-http://altosil.blogspot.com/2009/02/el-senor-oscuro.html
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